En una conferencia de prensa que duró casi dos horas, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Núñez, visiblemente alterado, profirió numerosos disparates que ponen en duda la sensatez y la autoridad que deben corresponder a quien detenta tan alto e importante cargo de la República. Varias de sus afirmaciones dan vergüenza ajena, y seguramente darán argumentos a quienes han venido promoviendo la destitución de varios ministros de la más alta autoridad judicial. Si bien la incapacidad mental no figura entre las causales de juicio político, resulta claro que quien da muestras patentes de ignorar la realidad y la Constitución está desempeñando muy mal sus funciones. Nuestra ley fundamental dispone que cada Cámara (del Congreso) pueda excluir a sus miembros previa declaración de su incapacidad mental por la Corte. Es de lamentar que esta disposición no pueda aplicarse a un ministro y que se deba recurrir al mencionado mecanismo constitucional del juicio político.
“Fui puesto por Dios y seré sacado por Dios”, dijo Víctor Núñez, olvidando que fue nombrado por el Senado con el acuerdo del Poder Ejecutivo, y que la Constitución prevé el juicio político para “sacar” a quien es indigno del alto cargo que él ocupa, sin necesidad de ninguna intervención divina. Anunció que no dimitiría porque así se lo ordenaba “una voluntad superior”, a la que en este caso habrá que identificar con Dios. Luego informó que sí renunciaría, pero “en un momento oportuno”, es decir, seguramente cuando le dé la gana o acaso cuando reciba un nuevo mandato del Ser omnipotente.
Y conste que, según sus propios dichos, arde en deseos de abandonar el “infierno”, como calificó al órgano al que pertenece y que hace mal en seguir integrando. También apuntó que “yo no me voy a someter a un juicio político de estos bárbaros”, en obvia alusión a los legisladores, porque consideró que eso es “un circo”, calificativo que evidentemente se dirige al Congreso.
Si el más alto magistrado judicial y miembro de un Poder del Estado tiene tan bajos conceptos de los integrantes de otro de los Poderes, al común de la gente ya no le queda nada que opinar.
No contento con tantas barbaridades, el ministro desafió a tres senadores liberales a debatir públicamente sobre los expedientes judiciales en los que intervino. Sin duda, el marco apropiado para el debate sería justamente el juicio político, al que, según anunció, él está decidido a no someterse.
Luego de la desopilante conferencia de prensa y de las incoherencias escuchadas, cabe preguntarse cómo es posible que Víctor Núñez haya llegado a formar parte de la máxima autoridad judicial. Cuesta creer que la Providencia haya querido castigar al Paraguay con semejante decisión. Es más probable que la culpa la tengan los politiqueros que han distribuido las magistraturas según sus intereses partidarios, sin importarles mucho que los magistrados sean honorables ni que sean idóneos.
La calidad de la Corte posdictadura se ha venido degradando aceleradamente debido al infame “cuoteo”. La corrupción, el clientelismo y el nepotismo reinan en el Poder Judicial porque los ministros, sabedores de que no están allí por sus méritos y aptitudes, han tenido que retribuir favores a sus padrinos políticos.
Víctor Núñez es solo la expresión grotesca de la calaña de quienes suelen traicionar o permitir que se traicione el mandato de hacer respetar los derechos y sancionar las ilicitudes. La Corte no podrá redimirse ni castigando a una abogada crítica ni atribuyendo a la “voluntad superior” responsabilidad alguna. Si su insanable chatura ya era conocida, ahora resulta que hay buenos motivos para poner en entredicho hasta la estabilidad emocional de uno de sus miembros.
En estos días se recuerda que quien ejerce la superintendencia en el departamento de Canindeyú –Víctor Núñez– fue justamente la autoridad que habría influido en 2011 para que el hoy prófugo intendente de Ypejhú, Vilmar Acosta, acusado de ordenar el asesinato de nuestro periodista Pablo Medina, fuera liberado, tras haber sido recluido porque en su casa familiar se hallaron restos humanos. Si se investigara en el pasado no tan remoto del citado ministro, surgirían otras cuestiones que en su momento fueron publicadas por la prensa y que podrían producirle serios problemas, como la de la inmobiliaria Animex, que habría sido creada en 2005 para ocultar sus cuantiosos bienes.
Si a los congresistas no les han interesado hasta ahora sus desmanejos, es deseable que al menos recojan el guante que les arrojó al atribuir a Dios la competencia exclusiva para destituirlo. Si fueran celosos de sus facultades y se respetaran a sí mismos, deberían hacer algo cuanto antes para poner fin a una carrera judicial que no le impidió al ministro hasta buscar un tesoro supuestamente escondido en el capitalino Parque Caballero.